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Financiamiento de proyectos y riesgo socioambiental

Por Jose Cúneo y Vanessa Chávarry, socio y asociada sénior de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, respectivamente.

(Publicado en la revista “Semana Económica”)

 

Pese a que el término “desarrollo sostenible” nació en 1987, tuvieron que pasar más de veinte años para que los Estados, el sector empresarial y la sociedad civil de los mercados emergentes empiecen a cambiar la errónea creencia de que los impactos ambientales y sociales negativos son propios de unas pocas industrias (como minería e hidrocarburos). Hoy ya no hay duda alguna de la necesidad de evaluar y gestionar los riesgos socioambientales en todos los sectores económicos.

El Perú no ha sido ajeno a esta tendencia global. Hasta finales de la década pasada, el impacto ambiental y social era considerado irrelevante o ajeno a sus actividades para la gran mayoría de empresas peruanas. Dos factores llevaron a un cambio: el fortalecimiento del marco normativo —que se inició en los noventa y adquirió mayor importancia en los últimos años— y el reforzamiento institucional con la creación del Ministerio del Ambiente y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Además de la nueva regulación, el propio mercado y la globalización también contribuyeron a este cambio, pues, más allá de las presiones de los grupos ecologistas, los diferentes actores son ahora conscientes de que una mala gestión ambiental y social puede afectar seriamente sus operaciones e, incluso, su reputación. Los inversionistas y financistas han entendido que una adecuada evaluación y gestión de los riesgos socioambientales de los desarrolladores de proyectos no sólo reduce los potenciales impactos negativos en su inversión, sino que puede generar valor y oportunidades de crecimiento sostenibles.

Riesgos y créditos

La tendencia entre las entidades financieras de todo el mundo es la de incorporar la evaluación de los riesgos socioambientales que enfrentan sus clientes como parte del análisis del riesgo crediticio propio de un financiamiento de proyectos. Un importante número ha adoptado voluntariamente diversos principios que, en la práctica, han creado un estándar del cual las empresas que requieren acudir a los mercados financieros difícilmente pueden escaparse. A nivel internacional, los Principios de Ecuador constituyen el estándar más reconocido. Fueron adoptados voluntariamente en el 2003 por diez bancos líderes de siete países, y a la fecha se han adherido 79 entidades de primer nivel de todo el mundo, que incluyen a bancos peruanos o con operaciones en el país.

Los Principios de Ecuador requieren que las entidades financieras evalúen los riesgos socioambientales de sus clientes cuando financien u ofrezcan asesoría financiera a proyectos cuyo costo total sea igual o supere los US$10 millones, o cuando otorguen préstamos corporativos o determinados préstamos puente vinculados con el desarrollo de un proyecto.

Esta tendencia obliga a las empresas peruanas a cumplir estándares ambientales y sociales que en muchos casos son incluso más rigurosos a los establecidos en la regulación nacional. Aquellas que no cumplan con ese estándar deberán realizar programas de adecuación para viabilizar los financiamientos de aquellas entidades que exijan el estándar. Para dichas entidades, no respetar los estándares socioambientales asumidos esa considerado un incumplimiento —similar a incumplir los compromisos de manejo financiero (financial covenants) contraídos— y, en ese sentido, el prestamista podría exigir el pago inmediato de la deuda.

Así, la gestión socioambiental se ha vuelto clave en la decisión de financiar o no un proyecto, pues llevará a que las entidades financieras revisen y categoricen los proyectos que financiarán por la magnitud de sus riesgos y posibles impactos ambientales y sociales. Éstas buscan asegurar que la gestión de la empresa financiada sea adecuada para evitar multas significativas o paralizaciones; por infringir normas ambientales o por enfrentar un conflicto social grave con la comunidad vecina, por ejemplo. La evaluación, pues, reduce el riesgo para los prestamistas tanto de pérdidas económicas ―por el incumplimiento de pagos del cliente― como de daños reputacionales ―por estar asociados a una empresa que no es responsable ambiental y socialmente―.

Cuestión de estándares

La aplicación de estándares como los Principios de Ecuador son una realidad cada vez más frecuente en el Perú. Sin embargo, la SBS tiene previsto ir más allá y viene trabajando en una norma que obligaría a las entidades financieras que operan en nuestro país a realizar estas evaluaciones como parte de su gestión integral de riesgos.

Habrá que estar atentos a esta norma y esperar a que la buena intención de incorporar la evaluación socioambiental como parte de la gestión integral de riesgos no se convierta en un obstáculo para el financiamiento de los proyectos en el país. Independientemente de ello, lo cierto es que la evaluación y gestión de riesgos socioambientales en el financiamiento de proyectos es inevitable, y, en ese sentido, las empresas peruanas que acudan a los mercados financieros y de capitales deberán  ambiental y social de sus proyectos.